SALA CUARTA METE SUS GARRAS CONTRA LAS ORGANIZACIONES SINDICALES

Autora: Patricia Ramos Con
Fuente: Bandera Roja Nº 32, junio 2.006

Durante los años 2003 y 2004, los diputados del Movimiento Libertario presentaron alrededor de 50 acciones de inconstitucionalidad contra convenciones colectivas y reglamentos de diversas instituciones y universidades públicas.

Teniendo claro que desde el año 2000, la Sala Constitucional inició su arremetida contra las convenciones colectivas de RECOPE y JAPDEVA, y que el movimiento sindical no ha reaccionado unitariamente a defender sus conquistas, enfilaron su estrategia contra artículos puntuales de diversos cuerpos legales que atacaban directamente dos frentes: los beneficios económicos de la base sindical y las garantías sindicales de la dirigencia. Además, teniendo claro el efecto dominó que las sentencias tienen, sabían que la inconstitucionalidad de unas, impediría negociar cláusulas con derechos similares en otras instituciones.

A pesar de que algunos sindicatos convocaron a concentraciones en la Sala Constitucional desde la interposición de las acciones, es muy limitado lo que realmente han hecho para enfrentarse a este duro golpe. Más preocupados por disfrazar bajo otras formas, y mediante negociaciones con los jerarcas institucionales, los beneficios cuestionados en la Sala, poco o nada ha hecho el movimiento sindical por contrarrestar el discurso de que se trata de privilegios, y menos aún por unificar a todos los trabajadores públicos y privados en la defensa de las convenciones colectivas.

Los dirigentes sindicales ubicados en las instituciones que carecen de estos instrumentos colectivos, disimulando su indiferencia por ver cómo desaparecen las convenciones de otros sectores, no han movido un dedo para defender el derecho a la negociación colectiva. Y por otro lado los dirigentes sindicales amparados en sus cada vez más diezmadas convenciones colectivas, tampoco se han interesado en defender no sólo que la negociación colectiva es un derecho humano, independientemente del tipo de institución donde el empleado trabaje, sino también, que la libertad sindical para los trabajadores del sector privado debe ser el eje de la batalla de los sindicatos del sector público.

Sin embargo, ni la simple lectura de los diferentes Votos de la Sala Cuarta que desde el año 1992, vienen marcando el rumbo cada vez más claro, en el sentido de que en este país la burguesía apuesta a hacer desaparecer las conquistas laborales logradas desde hace 60 años, han permitido al movimiento sindical reaccionar y unificarse en un solo frente de defensa a los derechos laborales. Durante todo este período hemos visto cómo al mismo tiempo que nos dividen entre quienes podemos negociar convenciones y quienes no, las tesis de la flexibilidad y la precarización de los derechos ganan terreno, y la defensa del trabajador, la estabilidad laboral o el fuero sindical, ceden ante el supuesto “interés público” y ante el principio de legalidad presupuestaria. El recorte de plazas, la no reposición del personal que se pensiona  y el crecimiento constante de trabajadores interinos, quienes por su inestabilidad laboral son reacios a la organización sindical, permite evidenciar cómo el plan orquestado con la implementación de los Programas de Ajuste Estructural, no ha cambiado su curso, sino sólo que lo ha hecho más sutil y cuidadoso, para terminar de destruir al movimiento sindical,  así como para ganarse a la opinión pública.

En estos tres años desde que los libertarios interpusieron sus acciones en la Sala, la prensa burguesa ha desnudado los escándalos por corrupción en la cúpula del Partido Unidad Social Cristiana, al mismo tiempo que ha hecho cotidiano el término “privilegio” para referirse a los beneficios de las convenciones colectivas de JAPDEVA, de RECOPE y a las negociaciones en el INCOOP. La opinión pública, desencantada de la corrupción, las mordidas y el chorizo, tiende a ver con buenos ojos cómo se acaba con las convenciones colectivas y cómo se pone freno a los sindicatos.

Más de 20 años de triunfo del solidarismo, y aniquilamiento de los sindicatos del sector privado, lograron borrar de la memoria de la clase trabajadora la importancia de la unidad para la defensa de sus conquistas laborales y más aún la necesidad de crear sindicatos y negociar colectivamente. Por eso, desgraciadamente estos mismos trabajadores del sector privado, manipulados por la patronal y la prensa burguesa, y siendo de los más explotados entre los explotados, son lo que se alegran con los Votos de la Sala Cuarta y ven con esperanza la aprobación del TLC, sin tener conciencia de que están poniéndose ellos mismos “la soga al cuello”.

Si la dirigencia sindical afectada por las resoluciones constitucionales no cambia su estrategia y dirige su lucha hacia la defensa de la libertad sindical y los derechos laborales, yendo más allá de la defensa de sus convenciones colectivas particulares, no será posible la unidad de la clase trabajadora para enfrentar el TLC, pues siempre seguiremos divididos entre quienes tenemos convención, quienes no la tenemos y quienes ni siquiera podemos formar sindicato

Autora: Patricia Ramos Con
Fuente: Bandera Roja Nº 32, junio 2006

Desde fines del Gobierno de Abel Pacheco, con la asesoría del Gobierno español,  se plantea la creación del Consejo Económico Social (CES), como una entidad permanente de concertación, con el propósito de “institucionalizar” el diálogo social y evitar el conflicto. EL CES se proyecta conformarlo con representación de 36 “consejeros” (electos a dedo), de la dirigencia sindical, los cooperativistas, los solidaristas, las asociaciones de desarrollo comunal, las asociaciones agrarias, el sector indígena, los consumidores (?), los colegios profesionales, el CONARE y las cámaras empresariales (curiosamente los empresarios  tendrían por si mismos derecho a 10 consejeros, más que el resto de los sectores). La participación en esta nueva instancia, con jugosas dietas de por medio, ya ha despertado el interés de muchos en la cúpula sindical.  El Gobierno de Arias ha manifestado su intención de concretar este proyecto, máxime en momentos en que está muy interesado en ofrecer el “espejismo” de la concertación social, mientras arremete contra los más elementales derechos y conquistas de los trabajadores y el pueblo.

La casi totalidad de las Centrales y dirigencias sindicales han aplaudido esta engañosa iniciativa, salvo el honroso caso de la Central General de Trabajadores (CGT), que ya desde su pronunciamiento el 1 de mayo, indicó lo siguiente: “La CGT está en primera fila en esta lucha frontal y lejos de caer en la trampa de las concertaciones o de nuevos engaños como el que se pretende embarcar al movimiento sindical mediante la creación del Consejo Económico y Social (CES) llama a todo el pueblo a preparase para la acción directa en las calles y la huelga, único camino para derrotar el nefasto TLC-CA-RD-EU  y su agenda complementaria”.