Respecto a los procesos judiciales contra luchadores sociales.

La Coordinadora Nacional de Lucha contra el Tratado de Libre Comercio, preocupada por el enjuiciamiento penal que se realiza contra los luchadores sociales Orlando Barrantes e Iván Angulo en Guápiles;  Trino Barrantes, Rocío Céspedes y Célimo Guido en San Ramón; Esteban Campos en Heredia; Rubén Galeano en Pérez Zeledón; Sonia Díaz en Limón; campesinos de Bambuzal en Guadalupe; campesinos en Los Chiles y en la Zona Sur; camioneros en Cartago, el ecologista Marco Tulio Araya en San Carlos y por la amenaza que constituyen tales procesos contra el movimiento social en su conjunto, ha considerado necesario realizar el siguiente pronunciamiento:

Esta Coordinadora considera que todos estos procesos judiciales constituyen parte de un proyecto de criminalizar la participación ciudadana en la protesta social y para inhabilitar políticamente a estos luchadores sociales.  Consideramos que estos juicios constituyen una violación a los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución Política, que rezan en lo que interesa:  Artículo 25.- Los habitantes de la República, tienen derecho de asociarse para fines lícitos.  Artículo 26.- Todos tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea para negocios privados, o para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios.  Y Artículo 28.- Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.  Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley; artículos que garantizan la libertad de manifestación del movimiento popular, el derecho de todos los ciudadanos a expresar su disconformidad con situaciones que los afecten directamente.

Las gravísimas condiciones económicas, sociales, educativas, de vivienda y sanitarias en que sobrevive la población de menores recursos de todo el país; el alto grado de explotación y de riesgo en que labora la fuerza de trabajo; el riesgo para las poblaciones por el uso indiscriminado de agroquímicos; la depredación de los recursos hídricos y la biodiversidad por la actividad de las empresas transnacionales; han conducido a los consecuentes reclamos populares, que consideramos, no deben ser enfrentados mediante la represión policial y judicial.  No es posible que se equipare la movilización popular, en sus diversas manifestaciones, con delitos comunes.  El envío de estos luchadores sociales a la cárcel sería un mensaje claro para todos los costarricenses, hombres y mujeres, que luchan por defender los derechos de los más pobres, por defender la soberanía nacional y por defender el medio ambiente:  en Costa Rica levantar la voz por los desposeídos se paga con la represión policial, la persecución y la prisión.

Por lo tanto, llamamos urgentemente a organizar una campaña nacional e internacional de apoyo a todos los luchadores sociales que se encuentran en juicio, que se manifieste contra estos procesos judiciales plagados de irregularidades, puesto que en estos contra toda norma judicial, son los mismos servicios de represión, la fuerza pública, quienes sostienen la acusación, presentan las “pruebas” y los testigos son ellos mismos.

Por la parcialidad evidente con que se están manejando estos procesos, demandamos la intervención de la Inspección Judicial en los mismos y que se retiren los cargos contra todos los luchadores sociales.

Convocamos de esta manera a todas las organizaciones sociales y a todos los ciudadanos, a mantenernos alerta y a manifestarnos públicamente y movilizarnos a todos estos juicios en apoyo de estos luchadores sociales.

San José, Costa Rica, enero del 2006. 
Coordinadora Nacional de Lucha contra el TLC.