Algunos ejemplos de la campaña internacional de las transnacionales y gobiernos contra la piratería informática.

Campaña de persecución en la cual se inscribe la "Ley de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual" que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa.

Una acotación previa. Transcribo la definición que de la piratería informática, tiene la Fundación para el Software Libre (dedicada a apoyar la libertad de expresión, prensa y asociación en Internet, el derecho a usar software criptográfico en comunicaciones privadas, y el derecho a escribir software sin los impedimentos del monopolio).

Igualmente, al final incluyo un pequeño artículo que recomienda el uso de programas como PeerGuardian, para proteger la privacidad y el secreto de nuestras comunicaciones.Claro, lo ideal es que esta ley no sea aprobada, pero eso dependerá de si decidimos hacer algo al respecto o ser simples espectador@s.

"Piratería: Los editores frecuentemente se refieren a la copia prohibida como «piratería». De esta forma, expresan de manera implícita que hacer copias ilegales es éticamente equiparable a atacar barcos en alta mar, secuestrar y asesinar a la gente que viaja en ellos.
Si no cree que la copia ilegal sea como secuestrar y asesinar, quizás prefiera no usar la palabra «piratería» para describirla. Expresiones neutrales como «copia prohibida» o «copia no autorizada» pueden utilizarse perfectamente en su lugar. Incluso algunos de nosotros podríamos preferir utilizar una expresión positiva tal como «compartir información con tu vecino»."

Multa de 220.000 dólares por descarga ilegal de música en Internet
viernes 5 de octubre
DULUTH, EEUU (AFP) - Una mujer de 30 años, la primera persona en comparecer ante un tribunal de EEUU por haber puesto en línea 24 canciones que había descargado ilegalmente de Internet, fue condenada a pagar 220.000 dólares de multa (unos 156.000 euros). Esto es, 9.250 dólares por canción (6.550 euros).

Jammie Thomas, de 30 años, fue condenada el jueves por un tribunal de Duluth, en el Estado de Minnesota. El monto podía haberse elevado a 150.000 dólares por canción si el jurado hubiera considerado que había violación voluntaria del derecho de autor, y a varios millones si se hubieran tomadon en cuenta las 1.702 canciones que se hallaron en su computadora.

Thomas es la primera de unas 26.000 personas denunciadas por las grandes compañías de la industria musical que se negaron a llegar a un acuerdo. La federación estadounidense de discográficas (Recording Industry Association of America, RIAA) y seis grandes compañías habían denunciado a Thomas por haber puesto en línea canciones cuyos derechos estaban protegidos.

Según su letrado defensor, la acusada había elegido gastar hasta 60.000 dólares en honorarios de abogado en vez de pagar algunos miles de dólares en un acuerdo, porque se negaba a dejarse intimidar.

IMPI y Amprofon pretenden cobrar multas en México por compartir música
Fernando Hernández Romero, director de la Amprofon, ha estado muy activo estos días, ha logrado convencer al IMPI (Instituto Mexicano de Propiedad Industrial) para firmar un convenio por medio del cual cobrarán hasta 10 mil salarios mínimos que equivalen a 400,000 pesos (40,000 dólares) a las personas que ellos consideren que están compartiendo música por medio de redes P2P.

El artículo firmado por María Elena López Segura se titula: Multa a quien baje música de internet, con un subtítulo que explica que a partir del cuatro de abril comenzará la cacería de los melómanos piratas. ¿Cacería? Sí, cacería.

Lo repito para que quede claro: En la cabeza de Fernando Hernández Romero y unos cuantos más en la Amprofon, los mexicanos son material de caza, todos en su mira.

La semana pasada explicaba que se iniciaba la campaña de miedo contra el P2P, en el artículo de La Crónica se aseguraba que compartir música en internet "generaba más pérdidas que la piratería en las calles". El problema de el artículo en Diario Monitor es que se igualan las dos cosas, y se traduce la posibilidad que se tiene en México de compartir música por el derecho de copia privada como leyes no actualizadas.

Lo que se pretende hacer es que por medio del convenio la Amprofon puede multar a quien le de la gana usando al IMPI, la multa será hecha a los titulares del servicio telefónico y de internet, para tales efectos dicen tener un software que detecta quienes bajan qué, aseguran que esto no es una invasión a la privacidad y que la campaña "informativa" no es intimidatoria. Y yo preocupándome por la Somexfon…
¿Cómo evitar que estos indeseables sepan lo que haces con tu conexión de internet? PeerGuardian, funciona en Windows, Mac OS X y Linux.

La campaña de miedo al uso del P2P se extiende en otros medios, sólo hace falta buscar "Amprofon" en Google News.
PeerGuardian: Protege la privacidad y el secreto de tus comunicaciones p2p

En contestación al llamamiento que realizábamos a los desarrolladores de software para que proveyeran de herramientas que impidan el espionaje sobre nuestras comunicaciones, ya hemos recibido las primeras contribuciones donde nos informan de que existe una aplicación, denominada PeerGuardian cuyas funciones son impedir el espionaje de nuestra conexión a todos los rangos de Ip que le indiquemos, actuando a modo de cortafuegos bloqueando su acceso.

Este programa se distribuye por su autor como freeware (de libre distribución y uso) y puede descargarse desde la página web de su creador Methlab Productions

Básicamente, su finalidad consiste en reintegrar al usuario del mismo el control sobre la privacidad y el secreto de sus comunicaciones, impidiendo las conexiones no deseadas que son bloqueadas por rangos completos de Ip. Además de un enorme listado de Ip que ya incorpora la aplicación, detectadas como intrusivas por otros usuarios (existen foros para darlas a conocer y debatir sobre ellas), permite incorporar otros rangos de Ip a los que cada usuario considere oportuno vedarles el acceso a su privacidad, impidiendo de este modo el acceso intrusivo y no autorizado, garantizando de esta forma la privacidad y secreto de las comunicaciones, garantizado por la Constitución española, pese a los empeños de unos cuantos que, guiados por su afán de lucro, ya no aciertan a discernir entre derechos fundamentales de los ciudadanos e intereses mercantiles.