En Costa Rica, el temor de contar con un embajador militante se suma a la preocupación por los nexos entre el gobierno de Hugo Chávez y organizaciones gremiales y políticas de extrema izquierda

EDUARDO ULIBARRI (*)
LA NACIÓN/ COSTA RICA/GDA

http://www.elpais.com.uy/07/05/20/ultmo_281787.asp

Hugo Chávez trata de ejercer influencia en Costa Rica mediante cuatro plataformas: las vías diplomáticas tradicionales, la manipulación del poder económico, la incidencia en organizaciones sociales y la construcción de alianzas regionales.

Aunque el impulso en todas ellas es intenso, su éxito ha sido limitado. No por falta de intentos o ganas, sino por un arraigado apego de los ciudadanos hacia la institucionalidad democrática y contra el extremismo.

En el terreno diplomático, Chávez mantuvo una actitud entre desinteresada y benigna hacia el pasado gobierno costarricense.

Incluso, dio el voto venezolano para la elección unánime del ex presidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) como secretario general de la OEA.

Sin embargo, desde que el socialdemócrata Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz, llegó por segunda vez al poder, en mayo del año pasado, las cosas comenzaron a cambiar.

La primera señal fue la negativa de Caracas a dar el beneplácito a la nueva embajadora costarricense, Clara Montero, por presuntos nexos con la oposición. La representación, hasta ahora, sigue en manos del anterior embajador, Walter Hernández.

Costa Rica, por su parte, "estudia" desde febrero el beneplácito para José Huertas, como reemplazo de Nora Uribe Trujillo, quien ya regresó a su país. La razón alegada es la participación de Huertas en dos casos de acoso sexual en Asunción, donde sirvió como embajador. Pero hay otro motivo políticamente más delicado: el papel que se le atribuye en el impulso, como eventual candidato presidencial paraguayo, al obispo populista Fernando Lugo, potencial aliado de Chávez.

En Costa Rica, el temor de contar con un embajador activista se junta a la preocupación por los nexos entre el gobierno venezolano y organizaciones gremiales y políticas de extrema izquierda e ímpetus insurreccionales. Hasta ahora, la magnitud de esa relación (y financiamiento) no es conocida en detalle.

Los únicos interlocutores costarricenses que reconocen sus vinculaciones con Chávez son grupúsculos de intenso activismo, pero mínimo apoyo. Y el principal canal de la relación es el llamado "Congreso Bolivariano de los Pueblos", matriz hemisférica de los "Círculos Bolivarianos". Uno de esos grupos locales es la "Asamblea del Pueblo", de confusas tendencias trotskistas y anarquistas y clara vocación agitadora.

Además, en octubre del año pasado se estableció el círculo "Alfredo Maneiro", compuesto por una decena de venezolanos residentes en el país.

Cada vez es mayor el uso de una vía absolutamente legal para canalizar nexos de "cooperación" entre el gobierno venezolano y otros sectores de Costa Rica. Aquí, la variable económica se ha tratado de aplicar de forma doble: como presión directa sobre el Gobierno y como fuente financiera para "buenas causas".

El principal instrumento de esta estrategia ha sido Alunasa, una empresa procesadora de aluminio establecida en Costa Rica, propiedad del Estado venezolano. Chávez la utilizó, en febrero, como arma de una virtual vendetta contra Arias, por sus críticas sobre los poderes legislativos especiales que le otorgó el Congreso venezolano. Citando razones "técnicas" que, sin embargo, estuvieron acompañadas de virulentas críticas políticas, anunció el cierre de la planta y su traslado a otro país.

Pero tras mostrar el garrote sacó la zanahoria, y declaró a un grupo de obreros costarricenses que lo visitaron en Caracas, la intención de mantener la producción. Su viceministro de Industrias Básicas y Minería precisó que la fábrica adoptaría un enfoque "bolivariano" y "centrado en lo social". Esto se ha traducido en que de su presupuesto han comenzado a salir fondos para apoyar tanto obras comunales en la zona donde está la planta, como actividades de grupos y páginas de Internet costarricenses vinculadas a Chávez u opuestas a la ratificación del tratado de libre comercio con Estados Unidos, Cafta.

Por no estar Alunasa inscrita en la bolsa de valores, no está obligada a informar sobre los detalles de su operación. Además, la canalización de fondos se puede disfrazar fácilmente como "responsabilidad social empresarial", y el espectro del cierre de la planta, con los 400 desempleados que produciría, hace que el Gobierno actúe con gran cautela frente a ella.

Cuando se hizo pública la amenaza en torno a la empresa, se habló de su posible traslado a Nicaragua, versión que el gobierno venezolano no confirmó, pero tampoco desmintió. La razón es simple: el nuevo presidente nicaragüense, Daniel Ortega, es cercano a Chávez e integra, aunque de forma menos militante que otros, la "alianza" de la que también forman parte Bolivia y Cuba, y hacia la que marcha Ecuador.

La vecindad de Nicaragua, las relaciones a la vez estrechas y tirantes entre ese país y Costa Rica, y una cierta rivalidad personal de Ortega con Arias, convierten a esa pieza de la coalición "bolivariana" en otro factor de eventual presión.

Aún no ha sucedido, pero Chávez podría encargarse de activar focos de fricción entre ambos países, si lo considerara necesario para perjudicar al Gobierno costarricense.

Por el momento, sin embargo, lo que parece más evidente es que sus baterías están enfocadas a ejercer influencia mediante el manejo de grupos locales dispuestos a recibir sus fondos, seguir sus políticas y repetir sus consignas, en sintonía con Cuba.

Costa Rica se apresta a realizar un referéndum sobre la ratificación del Cafta. Arias, su Gobierno y una mayoría de la población consideran el Tratado un elemento clave para el desarrollo del país. Pero también hay fuertes sectores opuestos; entre ellos están los aliados de Chávez.

Es posible esperar, por tanto, su manipulación, menos para propiciar el triunfo del No y más para generar agitación social.

No hay que perder de vista, sin embargo, que en un país como Costa Rica, sin facturas históricas con Estados Unidos, con una población que valora intensamente el sistema democrático, y con una economía que marcha por un sendero de crecimiento y estabilidad, las causas radicales no son bienvenidas.

Chávez, además, tiene una imagen de extremismo y demagogia muy ajena a los valores políticos costarricenses.

Por esto, cualquier alianza con él, de hacerse pública, sería muy posible que se revirtiera en contra de sus aparentes beneficiarios. De aquí que, al menos hasta ahora, sus defensores públicos sean muy pocos, aunque sus aliados secretos probablemente son más, y sus deseos de afectar la paz nacional, todavía mayores.