El juicio penal a Orlando Barrantes o el Estado contra el movimiento social

La Asamblea Popular de Occidente, preocupada por el enjuiciamiento penal que se realiza contra el luchador social Orlando Barrantes, y por la amenaza que constituye tal proceso contra el movimiento social en su conjunto, ha considerado necesario realizar el siguiente pronunciamiento:

El 5 de julio del 2005 inició en el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, con sede en Guápiles, el juicio penal contra Orlando Barrantes e Iván Angulo por hechos ocurridos hace más de cinco años, cuando la fuerza pública intentó detener una manifestación pacífica de obreros bananeros afectados por el Nemagón, agroquímico utilizado en las plantaciones bananeras durante los años 70.  Se produjo un enfrentamiento en el que algunos policías antimotines, en un acto absolutamente espontáneo y circunstancia¡, fueron retenidos por la multitud.  Este hecho lo distorsiona el Ministerio Público calificándolo de "secuestro extorsivo", acusa a Orlando Barrantes y a Iván Angulo de haberlo preparado y dirigido y pide 60 años de cárcel para ambos luchadores sociales en un proceso en donde están ausentes las más, elementales normas jurídicas y de justicia.  Entre, otros argumentos, la defensa de Orlando Barrantes ha denunciado que hay una completa nulidad en la actuación del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio Público, una nulidad absoluta por violación al debido proceso y una también nulidad absoluta de todo lo actuado por violación al principio de intimación así como utilización de prueba espuria.  Contra toda norma judicial, son los mismos servicios de represión, la fuerza pública, quienes sostienen la acusación y presentan las "pruebas".

El principal testigo de la Fiscalía es el exjefe de la policía antimotines, Oril Ruiz, despedido posteriormente de la Fuerza Pública por falsificar documentos.  Ruiz ha presentado falso testimonio y deberá atenerse a las consecuencias legales.  El testimonio de Ruiz está lleno de expresiones políticas que incriminan a los acusados por sus actividades sindicales y comunales.

Este primer juicio fue anulado y el Tribunal de tres jueces que estaba a cargo del mismo solicitó no ser tomado en cuenta para el nuevo proceso.  El juzgado está en estos momentos por notificar la fecha de inicio del nuevo juicio.

Las gravísimas condiciones económicas, sociales, educativas, de vivienda y sanitarias en que sobrevive la población de menores recursos de la zona Caribe y los consecuentes reclamos populares no deben ser endentados mediante la represión policial y judicial.  Orlando Barrantes en la cárcel sería un mensaje claro para todos los costarricenses, hombres y mujeres, que luchan por defender los derechos de los más pobres: en Costa Rica levantar la voz por los desposeídos se paga con prisión.  Este juicio penal contra Orlando Barrantes e Iván Angulo, constituye una violación de los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución Política, que garantizan la libertad de manifestación del movimiento social.

Una lectura imparcial y objetiva de la demanda interpuesta por el Ministerio Público demuestra con claridad que la acusación contra los compañeros Barrantes y Angulo tiene las características de un montaje para  criminalizar la protesta social y para inhabilitarlos políticamente.

Por lo tanto, llamamos urgentemente a organizar una campaña nacional e internacional de

apoyo a Orlando Barrantes y a Iván Angulo, que se manifieste contra este proceso judicial plagado de irregularidades.

Demandamos la intervención de la Inspección Judicial y que se retiren los cargos contra Orlando Barrantes e Iván Angulo.

San Ramón, Costa Rica, 11 de enero del 2006.
Asamblea Popular de Occidente.