Asamblea del pueblo

La actitud omisa, irresponsable y liberticida de la abrumadora mayoría de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica nos dice, con toda claridad, que la hora de las ilusiones democráticas ha muerto en nuestro país y habiendo caído el telón que nos separaba de la cruda realidad, es preciso reconocer que también ha llegado el momento de mirarla de frente y asumiendo todas sus consecuencias. Se trata, ni más ni menos, de actuar dentro del país real dejando del lado los sueños y elucubraciones, propios de la política ficción.

En otras palabras, debemos actuar haciendo abandono de los eufemismos de toda clase, tamaño y color con los que nos hemos rehusado, durante mucho tiempo, a reconocer las múltiples manifestaciones de su abrumadora presencia: La peste autoritaria y sus manifestaciones, como una exteriorización cotidiana del totalitarismo del libre mercado de los ideólogos del individualismo posesivo, se ha instalado -desde hace mucho tiempo- al interior de las que creíamos “nuestras” instituciones, supuestamente encargadas de defender los derechos de la ciudadanía, para defender solamente los intereses de un pequeño grupo, que no reconoce ninguna clase de límites en su determinación de alcanzar sus propósitos.

Todas las ficciones acerca de la presunta separación de poderes, de la existencia de un entramado legal y constitucional destinado a proteger los intereses de Costa Rica como una nación soberana y de la existencia de un cuerpo de funcionarios realmente honestos y consecuentes se han venido cayendo a pedazos durante las últimas décadas. El clientelismo político ha infestado, hasta lo más profundo, toda la estructura del poder político de este país centroamericano y los funcionarios que han recibido sus beneficios o prebendas, en vez de recusarse, en casos muy delicados que afectan los derechos e intereses de toda la colectividad, terminan actuando como cortesanos y no como ciudadanos de una democracia, dentro de la cual hay derechos y deberes a los que no se puede renunciar sin privar de toda moralidad a nuestros actos.

La dictadura de los hermanos Arias Sánchez nos ha demostrado, una vez más, de manera clara y decidida, su desprecio absoluto por los procedimientos democráticos y su falta de escrúpulos para actuar, de manera exclusiva, en beneficio de sus intereses particulares, como también de los de sus amos del capital transnacional. De esta manera, estamos en capacidad de afirmar que, ya sea dentro de la vía parlamentaria, o dentro de los términos de la vía de las urnas, como la planteada en estos momentos del referéndum, para decidir mediante el sufragio universal, la suerte final del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TLC CAEU-RD), no se detendrán en ninguna consideración ética para consumar sus atropellos y lograr la entrega del país, atado de pies y manos, a los intereses del capital transnacional.

El craso error cometido (aunque aparezca, de manera formal, como un fallo emitido) por cinco magistrados de la Sala Constitucional de Costa Rica, al indicar que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TLC CAEU-RD) no contiene vicios de inconstitucionalidad, de ninguna especie, nos demuestra, sin lugar a dudas, que las ilusiones forjadas alrededor de la legalidad y la legitimidad de los poderes públicos se han desvanecido, por lo que, para la gran mayoría de los costarricenses, solo queda evidenciado, hoy más nunca, en toda su desnudez el reino de la arbitrariedad, al que nos han lanzado las elites políticas, en especial a lo largo de la última década, con tal de imponerle un corset neoliberal a nuestra constitución política (hoy reducida a la nulidad más absoluta) y sustraer de la jurisdicción de los tribunales costarricenses, un conjunto de decisiones que competen a todo país soberano y democrático y de verdad.

Es más, en ningún momento, se trató de un tema jurídico, sino más bien de una decisión de orden político aunque revestida con graves aspectos que se expresan en términos de la juridicidad, sobre todo por la gravedad que implica su quebrantamiento. ¿A quién se podrá hacer responsable, en especial en términos jurídicos y éticos (por no decir humanos, en términos de cualquiera de las elementales nociones de humanidad), de las graves consecuencias que el TLC tendrá para la ciudadanía costarricense, una vez que dicho protocolo entre en vigencia? ¿Quién podría negar, con un mínimo de sinceridad, de que la ciudadanía ha quedado indefensa frente a poderosos intereses externos y ajenos, por ello, a la nacionalidad costarricense?

Estamos convencidos además de que los problemas de legitimidad se harán más agudos, en los próximos días, ante la imposibilidad de modificar la conducta de poderes y funcionarios que ya no lo son, por lo que la ciudadanía tendrá que actuar, de manera valiente y decidida, para hacer valer sus derechos frente al poder creciente y arbitrario de los hermanos Arias Sánchez y de la dictadura mediática del diario La Nación, REPRETEL, CANARA y Canal 7 quien los apoya, al mismo tiempo que los vigila, también a ellos, para que no vacilen en actuar en beneficio de los grandes intereses que se mueven detrás de un tenebroso affaire, al que se ha querido presentar ante los incautos como, si de verdad, fuera un simple acuerdo comercial, que traerá múltiples beneficios a la ciudadanía.

Las elucubraciones sobre la vigencia del estado de derecho no presentan, sin embargo, las mismas connotaciones para el conjunto de la sociedad costarricense de hoy. Para los trabajadores del sector industrial y comercial privado carentes, en la práctica, de los derechos ciudadanos más elementales muchas de nuestras preocupaciones, a lo sumo pueden causar risa o estupor, ya que son las víctimas cotidianas de una montaña de atropellos de la cual participan sus patronos, los tribunales del trabajo y, con alguna frecuencia, las propias autoridades del Ministerio de Trabajo del gobierno de turno.

El mundo de terror que viven los trabajadores de las empresas maquiladoras amenazados, todos los días, con el fantasma del desempleo y la imposibilidad de llevar el sustento a sus familias, expresa mucho mejor que cualquier candoroso discurso “democrático”, la naturaleza del país real que es preciso reconocer. Esta es la más clara expresión de la dictadura de un gobierno que, semejanza de los anteriores, solo defiende los intereses de los más poderosos, aun y cuando haya sido “electo” en unas elecciones bastante dudosas.

Mientras el gobierno de turno y las cámaras empresariales hablan de dictaduras y arbitrariedades supuestas en otros países, sucede que al mismo tiempo, han logrado ocultarle a la opinión pública nacional e internacional, el hecho comprobado (a pesar de lo que digan los burócratas de la OIT) de que Costa Rica es uno de los países con menos libertades cívicas y sindicales para los trabajadores de la empresa privada.

Hoy frente a un TLC que atenta, de manera grave, contra el porvenir y los derechos de los trabajadores reduciendo a un techo una legislación laboral, cada menos aplicada por los tribunales de trabajo, las cámaras patronales han puesto de rehenes a sus mismos empleados chantajeándolos, por todas las vías posibles, para que terminen votando, en el referéndum, en contra de sus propios intereses y otorgando así, de manera paradojal, una victoria histórica a sus propios verdugos.

Para los que creyeron que la aprobación del TLC se haría mediante la votación de los dos tercios de los diputados de la Asamblea Legislativa era, en verdad, un asunto doctrinario (la famosa mayoría mecánica de los 38 diputados), esa verdad a medias se convirtió en una mentira descarada, sobre todo si tenemos en cuenta la disposición de la Sala Constitucional de aprobar cualquier cosa que el Ejecutivo le demande ( como por ejemplo que la votación se haga, en el plenario legislativo, con la mayoría simple de 29 diputados). Como resultado de la actitud obsecuente de la Sala Constitucional para con los actos del Ejecutivo, que también controla el Poder Legislativo, lo de los 38 diputados no pasó de ser un asunto propagandístico, a lo sumo, si bien el propio, Francisco Antonio Pacheco, en su condición de actual presidente de la Asamblea Legislativa y la fracción del PLN jamás sustentaron esa tesis.

Por otra parte, quedó evidenciado con creces, dentro de los términos de otra la resolución de la misma Sala Constitucional, que al aprobar la vía rápida, para tramitar en la Asamblea Legislativa los proyectos de la agenda complementaria al TLC, se busca burlar la voluntad popular que podría expresarse en un NO rotundo a dicho tratado, que se vería muy mediatizado, ya que dicha agenda implica la materialización, por otras vías, de los alcances más nefastos del mentado TLC.

La suerte de nuestra lucha dependerá, en gran medida, del coraje y la determinación e inteligencia con que la asumamos en los próximos dos meses, lo que no excluye la importancia de establecer algún grado mínimo de respeto, por parte del Tribunal Supremo de Elecciones y de la dictadura mediática, para un movimiento popular que, como el de Costa Rica, ha sido ejemplar en su lucha contra las acechanzas totalitarias de los liberticidas, tanto del Movimiento Libertario (¿???), con tanto dinero de sospechoso origen para sus abrumadoras pautas publicitarias como del otrora socialdemócrata PLN, cuyas antiguas bases repudian, de manera creciente, tanta mentira e iniquidad. La voz de la Comisión Nacional de Enlace, en su comunicado de la semana anterior, ha sido una clarinada que es preciso destacar y difundir a todo el pueblo, pues nos acerca a un debate real acerca de cómo debemos enfrentar estas horas tan duras y amargas para nuestra patria, en medio de una lucha que va mucho más allá del rechazo al TLC y a la entreguista “agenda complementaria”. Una vez más. NO AL TLC y a la dictadura de los hermanos Arias Sánchez.

* Profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) e integrante del equipo del proyecto de Análisis de Coyuntura a la Sociedad Costarricense de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad.