PENSEMOS ALTERNATIVAS
FRENTE AL PROBLEMA FISCAL

Luis Paulino Vargas Solís

De nuevo el tema fiscal ¿Pero no nos decían los sabios de la economía oficial que el “ciclo electoral”, y con este la crisis fiscal, quedaron enterrados con la administración Figueres Olsen? Confirmamos, pues, las raíces estructurales del problema, el cual no depende del humor cambiante o el capricho momentáneo de los políticos, excepto, y a lo sumo, en sus episodios de agudización.

1. Bases políticas

Pero no hablemos de las causas. Ya hemos escrito suficiente de la cosa sin que, desde luego, los poderes instituidos –incluso la prensa- se den por notificados. No podía ser de otra manera. Ya sabemos que a la ciencia social crítica se la procura confinar en oscuros armarios a fin de acallar su voz, mientras se le proveen poderosos altavoces a las bien pagadas chachalacas de la oficialidad pseudocientífica. Y en este caso las razones son bien comprensibles, ya que entrarle a los factores subyacentes al problema fiscal, implica cuestionar todo el modelito neoliberal de apertura y liberalización y poner al desnudo los privilegios con que estas políticas han regalado a tales grupos de poder.

Mejor pensemos propuestas Y, por mi parte, me dirijo especialmente a un interlocutor en particular. No los políticos ni ningún partido representado en la Asamblea Legislativa, sin por ello dejar de reconocer que algunos de estos puedan ser interlocutores válidos. Definitivamente no la gran prensa comercial o el gobierno oligárquico de Arias. Me dirijo, sobre todo, al amplio y pluralista movimiento social surgido alrededor de la lucha contra el TLC. Ahí –y por el momento en ningún otro sitio- late la posibilidad de una Costa Rica distinta. Por ello, aliento la esperanza y formulo la excitativa, para que este movimiento –es decir, el amplio contingente de organizaciones y expresiones que lo conforman- quiera constituirse en foro democrático de reflexión, desde donde construir, alimentar y amplificar nuevas ideas. Con lo cual, por cierto, empezaríamos a hacer eclosionar todo el poder afirmativo y de construcción que subyace a nuestro No al TLC.

Parto de una premisa básica: el problema fiscal existe y es real. Sin duda, hay despilfarros y malversaciones, pero también hay escuelas sin pupitres, calles como hoyos, servicios de salud saturados, crecientes problemas de vivienda e inseguridad…Y, al mismo tiempo, hay una deuda interna que ha pasado a ser poderosísimo mecanismo de redistribución de ingresos a favor de los más ricos, la cual, además, es alimento cotidiano para el negocio financiero, de por sí otro eficaz instrumento que agudiza tales procesos de concentración de riqueza. Cada una de esas manifestaciones es, en sí misma, síntoma de una problemática fiscal de fondo. Por ello mismo, limitarse a la exigencia de controlar la evasión fiscal y poner orden en el manejo de los recursos públicos, tan solo atiende a una parte –significativa pero insuficiente- del asunto.

Eso sí, tengamos presente que este problema –como cada una de las manifestaciones específicas que lo caracterizan- constituye un asunto político, antes que técnico o científico. Este es un detalle absolutamente crucial: la viabilidad de cualquier solución en esta materia –o en otras relacionadas- depende, en lo esencial, de que se posea un poder político efectivo y suficientemente contundente. Y ese poder no se obtiene por la sola elección en un puesto de autoridad, ni siquiera si éste es el de presidente de la república Quien crea tal cosa, está simplemente obnubilado por su vanidad. Ese poder solo puede surgir de un amplio apoyo ciudadano y popular, desde el cual sostener propuestas fiscales o de otra naturaleza, que, por su inspiración en criterios de justicia, desarrollo y democracia, serán fieramente combatidas y boicoteadas por los grupos privilegiados.

La anterior es una premisa política fundamental, que, a su vez, supone capacidad para comunicarse y persuadir. Por lo tanto, exige la consolidación de nuevas bases ideológicas y doctrinarias que convoquen la inteligencia, los deseos y la sensibilidad del pueblo costarricense, cosa que, a su vez, requiere construir contrapoderes informacionales y nuevas mecanismos para la educación cívica y democrática. Para ello ha de recurrirse a vehículos renovados (de bajo costo y, por lo tanto, muy imaginativos) que contrapesen la dictadura mediática que actualmente padecemos. Ya algo de esto se ha venido haciendo en la lucha contra el TLC. Se requerirá, sin duda, sistematizar experiencias, mejorar sustancialmente las redes de coordinación y cooperación y, desde luego, continuar aguzando la creatividad.

En síntesis, esto convoca a la necesidad de un dialogo social muy amplio por parte de las fuerzas sociales alternativas, con vistas a construir un consenso democrático que dé sustento e impulso -desde los movimientos sociales y en diálogo con el pueblo- a este tipo de reformas de signo progresista. Ciertamente existe una relación compleja, pero significativa, entre tales reformas y la amplitud del acuerdo ciudadano y popular de base. Y hemos de entender, además, que un consenso social tal no se construye de la noche a la mañana ni evoluciona en el tiempo de forma lineal. Es algo que requiere tiempo y paciencia y que se reconstruye dinámicamente. Puede crecer o debilitarse, según la capacidad organizativa y la calidad y fluidez del diálogo popular y ciudadano.

Reitero lo que otras veces he dicho: ojalá el No al TLC sea el punto de partida en ese proceso, proyectado al mediano y largo plazo y conducente a la elaboración de consensos populares y democráticos para la construcción de una nueva Costa Rica.

Sentada esta premisa política fundamental, retorno al problema planteado. En términos generales, la búsqueda de soluciones en esta materia puede ser dividida en cuatro categorías: evasión fiscal; reordenamiento y reforma institucional; deuda interna; reforma tributaria. Son cuatro aspectos interrelaciones que tan solo pueden ser diferenciados para efectos expositivos y, eventualmente, en la formulación de propuestas operativas específicas. Mas la visión de conjunto ha de mantenerse con toda claridad, si se quiere formular propuestas sólidas y no tan solo ocurrencias como, típicamente, han hecho quienes, por dos decenios ya, nos desgobiernan.

2. Evasión fiscal

Una vez más enfatizo lo que ya había señalado: es indispensable desarrollar una amplia base política de respaldo popular y ciudadano, a fin de dar viabilidad a propuestas alternativas. Estos son problemas esencialmente políticos, y solo secundariamente técnicos. En el caso del problema de la evasión esto se expresa con especial crudeza, ya que es asunto que directamente exige decisión, compromiso y…poder, por supuesto. Porque implica meter en cintura justamente a los más adinerados que son, asimismo, los mayores evasores.

Los pasos a seguir, aunque relativamente claros, no por ello son de ejecución menos compleja: primero, desarrollar los mecanismos legales necesarios, supuesto que estos aún no existan o que los existentes requieren mejoras. Y, en seguida, desarrollar la capacidad humana y administrativa-institucional, así como la infraestructura técnica requeridas. Si se tiene la decisión y, sobre todo, la fuerza política para tocar los privilegios que deban tocarse, el paso siguiente exige satisfacer esas condiciones materiales insoslayables. Está claro que esto comporta una inversión considerable cuyo retorno, en términos de su beneficio social, será seguramente muy satisfactorio.

Lo anterior implica lo obvio: controlar la evasión supone contar con equipos humanos calificados –inclusive abogados, administradores, expertos en finanzas e informáticos-, quienes han de trabajar bajo una conducción política lúcida y firme, y estar dotados de los recursos tecnológicos, de equipo y financieros necesarios. Aquí no valen milagros ni ejercicios voluntaristas de “buenas intenciones”. Esto ha de complementarse con el establecimiento de mecanismos muy amplios y transparentes para la rendición de cuentas ante la ciudadanía, inclusive la definición de metas concretas, criterios de desempeño e indicadores que permitan controlar los avances y resultados obtenidos.

Desde las tiendas alternativas del pluralista movimiento social costarricense, ¿Contamos con la gente técnicamente capacitada para emprender esta tarea? Yo no lo dudo. A ver cómo afinamos mecanismos de coordinación que convoquen a la gente que podría decirnos con fundamento -y desde una óptica política comprometida con la soberanía, la democracia y la justicia social- el tipo de reformas legales, reordenamientos organizacionales y administrativos y la calidad específica de los recursos tecnológicos que son necesarios para poner coto a la evasión tributaria.

3. Reforma institucional

El reordenamiento institucional debería partir de una base política, sustancialmente distinta a la que ha sido usual entre quienes han gobernando por los últimos dos decenios y tanto, cuyo accionar usualmente se ha basado en dos premisas básicas: el antiestatismo y el énfasis tecnocrático. Ello ha tenido consecuencias tangibles. Primero, el escaso interés en avanzar en procesos significativos de reforma institucional. Segundo, el desprecio por los funcionarios públicos que se manifiesta en el maltrato psicológico y el desperdicio de sus capacidades y experiencia. Tercero, y como corolario de lo anterior, el autoritarismo. El resultado lo tenemos a la vista: las instituciones públicas han sido ahogadas por la restricción presupuestaria y reducidas a un estado de virtual inutilización. El desmantelamiento sustituyó a la reforma.

En contrapartida, nuestra propuesta ha de tener como su base principal la idea de que el Estado tiene un papel importante que cumplir, como regulador de las relaciones sociales y promotor del desarrollo, la democracia, la justicia social y el cuidado del medio ambiente. Pero este aparato estatal público ha de ser, en sí mismo, un organismo diáfano y cristalino, abierto al control y escrutinio ciudadano. Mas un Estado fuerte sometido al control democrático desde la ciudadanía, debería, también, ser democrático hacia su interior. Esto último principalmente en dos sentidos: por el respeto que guarde a las personas que emplea, y por su capacidad para promover la participación y compromiso de este personal a su servicio. No queremos en nuestro sector público, gente indolente ni corrupta, pero tampoco puede esperarse implicación genuina de quien es despreciado y maltratado, tal cual lo han hecho los gobernantes de los últimos veinte años.

Gente comprometida y motivada; conciente de sus responsabilidades sociales; capacitada y en continua actualización. Tal es el primer requisito para cualquier reforma institucional. Desde ahí se podrá empezar a construir lo que reste. Primero, repensar formas y relaciones organizativas, a fin de eliminar duplicidades y afinar mecanismos de coordinación y cooperación. Los neoliberales resuelve la cosa con alguna receta del INCAE o el Banco Mundial. Nosotros sabemos que no hay tal; que diferentes instituciones y organismos públicos persiguen objetivos distintos y, por lo tanto, presentan requerimientos que, al menos en parte, son disímiles. Por lo tanto, mejor que cualquier receta tecnocrática es nuestra inventiva y el conocimiento y análisis riguroso de nuestra propia realidad desde instrumentos teóricos apropiados.

Estos procesos de reforma deseablemente han de incorporar políticas encaminadas a propiciar la desconcentración o descentralización –lo que más convenga según el caso- de funciones, responsabilidades y presupuestos. Pero esto ha de hacerse desde una óptica políticamente muy clara. No se trata de descargar al Estado de sus responsabilidades para lanzarlas sobre las espaldas de la gente y las comunidades, sino de desarrollar nuevos mecanismos que, a un mismo tiempo, sean más democráticos y participativos, y más eficientes y eficaces. No es el Estado despreocupándose de las tareas que le corresponden, sino rehaciéndose a sí mismo en formas más democráticas y cercanas a la gente.

El cometido, a fin de cuentas, no es “ahorrar” recursos –tanto “ahorro” nos están dejando un aparato estatal gravemente mutilado- sino garantizar que cada colón invertido en el sector público provea el mejor provecho en términos de su beneficio social y logre, por lo tanto, respuestas, con la calidad y cobertura necesarias, frente a la amplísima gama de las necesidades de nuestro pueblo.

Pero entonces procede entender que también el sector público necesita inversión en infraestructura, inclusive, edificios, equipos y tecnología. Un personal capacitado y comprometido y una organización simplificada y fluida, tanto como ello sea posible, no pueden dar los frutos deseados si se ha de trabajar con tarros viejos, en oficinas insalubres, sin papel…y hasta sin lápices. Esa es la triste herencia que nos deja la larga noche neoliberal ¿En qué cabeza cabe que de esa forma pueda lograrse eficiencia ni eficacia?

Y esto, por cierto, obliga a liberar recursos que hoy son absorbidos estérilmente por la deuda interna y, desde luego, también a una reforma tributaria.

4. La necesidad de nuevos ingresos

La reforma institucional del sector público –como inclusive el control de la evasión- requiere nuevas inversiones Pero, más en general, hacer que nuestro sector público satisfaga sus cometidos fundamentales, exigen recursos adicionales.

Un aspecto sin duda clave, es el de la inversión pública, cosa que remite al debate acerca de la concesión de obra pública. La visión dominante insiste en la conveniencia de este mecanismo, no obstante las amargas experiencias que hemos acumulado. Hasta el PAC ha quedado atrapado en este vicioso círculo discursivo. Aunque quizá deba admitir que, a estas alturas, ya no me sorprende. La idea básica, de tan sencilla, parece irrefutable: atraer inversión extranjera para financiar obra pública de grandes proporciones. Lo que generalmente no se dice es que –objetivos de peculio mediante- esto encarece sustancialmente el costo al usuario. Es como al modo de un aumento en la carga tributaria que se establece y concreta debajo de la mesa, con la salvedad de que los nuevos impuestos –disimulados tras las tarifas que han de pagarse- no van a las arcas públicas, sino a engrosar las ganancias de alguna corporación extranjera. Pero con una diferencia adicional: el Estado no querría ganar tanto como estas corporaciones, lo que inevitablemente implica que, en manos de estas, las tarifas sean inevitablemente más altas.

Así la presunta aportación de capital que nos viene de afuera, revierte, a la larga, en un flujo negativo de recursos en la forma de remesas de ganancias. Esto resulta más problemática si se autoriza –como la hace la ley recientemente aprobada en primer debate- que parte de la obra sea financiada con recursos provenientes de los ahorros de los costarricenses. En tal caso, uno no puede evitar preguntarse acerca de qué impide –como no sea el fundamentalismo ideológico neoliberal- que esos mismos ahorros nuestros financien obras emprendidas por el propio Estado costarricense. Digamos, por el momento, que desde el punto de vista del amplio movimiento social, este es un debate pendiente, en el cual hay mucho fantasma ideológico al cual sacar de la casa y mucha falsa solución a la cual levantarle los chingos.

En todo caso, devolver un mínimo de eficacia y calidad a los servicios del aparato público estatal, requerirá innegablemente nuevos ingresos. La meta se podría resumir en aumentar la carga tributaria del actual 13% del PIB al 20% (excluidos pagos de la seguridad social) en un plazo de, digamos, cuatro años (a razón de 1,75 puntos porcentuales por año). Ello en parte provendría del mejor control de la evasión y, en especial, de la reducción de pagos asociados a la deuda interna y de una sustancial reforma tributaria.

5. Deuda interna

En lo que a la deuda interna se refiere, el problema no es su magnitud, como especialmente los pagos por intereses que genera. Sobre todo cuando tantos ministros de hacienda se han afanado por ofrecer tasas de interés de ensueño. Cumplir con tales compromisos impone gravosas restricciones sobre servicios esenciales –inclusive los de salud y educación- y sobre la inversión pública. Las consecuencias las vive el pueblo humilde y se proyectan al largo plazo, como una pesada ancla que frena el desarrollo.

Paradójicamente, estos elevados costos sociales y humanos, proporcionan garantía de cumplimiento para pagos de intereses que tan solo favorecen a los grupos económicamente más privilegiados. Por otra parte –llover sobre mojado- ese mecanismo de la deuda pública sirve para alimentar la especulación y el negocio financiero. Constituyen el mecanismo principal que alimenta la bolsa de valores y del que usufructúan los operadores financieros locales. Se trata, en resumen, de una aberrante y poderosa maquinaria de redistribución regresiva de ingresos, que sistemáticamente sacrifica a las clases medias y a los pobres e hipoteca el desarrollo futuro.

No debería descartarse que, llegados a un punto crítico (¿acaso no lo alcanzamos ya?), deba declararse moratoria de pagos para, a partir de ahí, proceder a una reestructuración total de la deuda, incluyendo plazos y, de forma especial, tasas de interés. La salud de los ancianos, la educación de los niños, la vivienda de los pobres, la inseguridad en las calles y el desastre ambiental de las ciudades, pueden dar justificación sobrada para una acción tal.

Supuesto que exista aún espacio para medidas menos drásticas, en todo caso debería lograrse una reducción significativa de los pagos por intereses. La nueva deuda que se emita, debe pagar tasas inferiores a las de mercado (es decir, 4 o 5 puntos porcentuales por debajo de las que se han venido pagando). Al fin y al cabo, se trata de deuda público, y, por lo tanto, resulta inexplicable que pague “primas de riesgo” tan elevadas como las que, tan graciosamente, se han venido concediendo.

Y, en general, deberían explorarse al máximo todas las alternativas que permitan reducir los intereses que actualmente se pagan ¿Qué tal fijarse metas escalonadas, de forma que de aquí a tres años los pagos por intereses se hayan reducido en un tercio (en términos reales) de su monto actual? Claro que el asunto tiene sus complejidades técnicas, los cuales podrían ser menores de lo que se piensa, tan solo con que recordemos que una parte considerable de la deuda está dentro del propio sector público.

Este último componente de la deuda –la parte que está colocada en instituciones del sector público- debe ser objeto de un debate aparte, que conduzca a una redefinición en profundidad de las políticas aplicadas. En su momento, dos investigadores de la Universidad de Costa Rica (Peralta y Alvarado), dejaron en claro que esto permite al gobierno jugar a la alquimia financiera. Paga intereses entregando más bonos a las instituciones públicas acreedoras, lo que reduce la magnitud real de sus necesidades de dinero líquido. Pero esto simplemente traslada el problema y lo carga en los hombros de tales instituciones, dando lugar, bien a un aumento de tarifas de servicios públicos, o al deterioro en la calidad de tales servicios. Al final, el problema permanece incólume.

6. Reforma tributaria

La ortodoxia en esta materia usualmente opera sobre la base de ciertas premisas: una estructura tributaria simple, que no grave “la producción” (eufemismo por ganancias) ni desestimule la inversión extranjera. Ya vimos que La Nación se ha decantado por la “flat tax” libertaria: impuesto igual para todo mundo; inclusive empresas nacionales o extranjeras; grandes o micros. Indiferentemente de su ubicación geográfica, su actividad económica, sus características socio-productivas y culturales...Esto constituye una transposición mecánica de las categorías del libre mercado –propias de la economía neoclásica y la ideología neoliberal- a la política tributaria. Prevalece así la imaginación ideológica de un terreno emparejado con reglas uniformes y universales (cualquier similitud con el TLC no es, desde luego, casualidad alguna). Pero este mecanicismo instrumental es un serio obstáculo para el desarrollo, la democracia y la justicia social. Lo cierto es que la realidad es compleja y, por ello mismo, resulta insensato enfrentarla con base en reglas rígidas y aplicando criterios universales e instrumentos estandarizados.

El diseño de una política tributaria que contemple gradaciones y mecanismos selectivos, tiene seguramente la desventaja de que exige mayores esfuerzos y recursos para su manejo. Es ‡decir, más personal adecuadamente calificado, organizaciones administrativas más eficientes y flexibles, una legislación apropiada, mejores recursos tecnológicos...En fin, nada que ya no advirtiéramos en el segundo artículo, en relación con la evasión tributaria. Si esto recibiera la oportuna complementación de políticas encaminadas a terminar con la alcahuetería de la banca off-shore, a fin de establecer los controles que esta amerita y la conveniencia social exige, seguramente se facilitaría el proceso de construcción de una más eficiente y eficaz capacidad de recaudación de tributos. A favor de lo cual podríamos también empezar a pensar en algún control sobre los movimientos de capital.

Un sistema tributario que contemple gradaciones y selectividades podrían ser un mecanismo eficaz para promover la empresa pequeña o la de propiedad social o comunitario o, en general, aquellas de capital nacional. También la innovación tecnológica y la protección del medio ambiente, así como la promoción de formas de desarrollo regionalmente balanceadas. Y frente a la preocupación obsesiva por la inversión extranjera, de nuestra parte debemos enfatizar el aprovechamiento productivo del ahorro nacional.

Es decir, la política tributaria, inteligentemente administrada, puede constituir un mecanismo que contribuya al logro de objetivos de desarrollo sobre bases nacionales, socialmente justo y democrático y ambientalmente equilibrado.

Aún si admitiéramos cierta razonable moderación en las cuotas de tributación sobre las ganancias empresariales derivadas de actividades productivas, todavía queda la opción de gravar con mayor intensidad los ingresos personales altos; las formas especulativas de inversión o, en general, aquellas que comportan dilapidación de ese escaso ahorro nacional. También las actividades ambiental o socialmente poco deseables y, en general, el consumo conspicuo.

En esta línea se podrían pensar tributos como los siguientes:

(1) tasa de tributación sobre las ganancias empresariales del 25%, con trato preferencial para las pequeñas y las de propiedad social (10%) y medianas empresas (15%) o a favor de empresas grandes que se ubican en zonas de menor desarrollo relativo (20%);

(2) impuesto progresivo sobre los ingresos personales, hasta un máximo del 30%;

(3) impuesto progresivo sobre el valor de las construcciones (0,25% a 0,75%), con reducción a la mitad de la tasa cuando se trate de infraestructura productiva (industria; agricultura; algunos servicios);

(4) impuesto (0,5%) a todas las transacciones de divisas (lo cual constituiría una forma de desestimular la especulación financiera y los flujos “golondrina” de capitales);

(5) gravamen adicional (10%) al impuesto sobre las ganancias, cuando se trata de actividades que califican como ambientalmente dañinas o socialmente poco deseables (por ejemplo, los casinos);

(6) a la inversa, contemplar mecanismos de devolución parcial del impuesto sobre las ganancias a favor de empresas que demuestren desarrollo de investigación e innovación tecnológica, siempre que estas no comporten destrucción de puestos de trabajo ni implicaciones ambientales dañinas;

(7) Impuesto selectivo sobre las formas de consumo conspicuo o dispendioso (autos de lujo, membresía de clubes exclusivos, perfumes caros, joyas, ropa de diseñador, etc.);

(8) Impuestos sobre herencias, ganancias de capital en la especulación financiera, premios, etc.

 

"¿Seremos entregados a los bárbaros fieros?
¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés?
¿Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros?
¿Callaremos ahora para llorar después?"
Rubén Darío